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Provincias pedirán a la Corte que intime a Nación a pagar compensación tras fallo

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En una cumbre en tierra porteña, Fiscales de Estado y ministros de Economía de 15 provincias acordaron volver a la Corte Suprema el viernes para pedir que intime al Gobierno de Mauricio Macri a cumplir (bajo apercibimiento de sanciones) con la medida cautelar y pagar ya la compensación derivada del reciente fallo del máximo tribunal que ordenó a Nación financiar el costo fiscal de las medidas presidenciales post PASO sin erosionar la coparticipación.

El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, confirmó al portal de noticias Ambito.com que la intención es “pedirle a la Corte que haga cumplir la medida cautelar dispuesta en las sentencias, bajo los apercibimientos legales que correspondan, de índole civil e incluso de orden penal en el caso de que encuadrase en una desobediencia a la sentencia judicial”.

“Es una resolución que ya está firme y no sujeta a ninguna apelación, a pesar de que el Gobierno nacional manifestó imposibilidad de cumplimiento y pidió una audiencia; frente a ese pedido, que vemos que puede ser una maniobra dilatoria, exigimos el cumplimiento inmediato, porque la sentencia ya tiene efectos”, remarcó. La causa iniciada por la provincia que gobierna el peronista Gustavo Bordet fue la citada en el fallo de la Corte.

La estocada de las provincias tomará la forma el viernes de presentaciones individuales ante la Corte de cada distrito (aunque bajo un formato común). Santiago del Estero se adelantó y lo hizo ayer, pero sin monto.

Precisamente, la discusión sobre el monto sigue con final abierto por las dificultades para elaborar ese cálculo (involucra a tributos de naturaleza distinta, con distintas formas de liquidación y distintos plazos).

La apuesta ahora de los distritos es que el Gobierno haga cumplir en lo inmediato la sentencia, “a través del organismo de recaudación de los tributos, que es la AFIP, y con el control de la Comisión Federal de Impuestos (CFI) como órgano de aplicación y cumplimiento de la Ley 23.548, de Coparticipación”.

Mientras tanto, algunos distritos se apoyan en un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso que estimó en $ 47.395 millones el costo de las medidas para las provincias.

La avanzada terminó de pulirse en la sede porteña de la CFI, donde se autoconvocaron los enviados provinciales para blindar los pasos a seguir.

Hubo en rigor funcionarios de 18 provincias, porque se sumaron tres que no accionaron aún: Mendoza, Chaco y Río Negro.

La estrategia incluyó una primera reunión, pasadas las 11, de los Fiscales de Estado, para discutir la metodología del cálculo y la letra chica de los planteos. En su inicio, un aplauso celebró la cosecha positiva de la embestida judicial, para luego abocarse a la discusión técnica.

Poco después arrancó un segundo encuentro, de ministros de Economía. Y cerca de las 12.30 se produjo una cumbre conjunta, para terminar de pulir la estrategia.

El mandato de los gobernadores es claro: avanzar en el cobro sin demoras, frente a las primeras estrategias dilatorias que brotaron desde la Casa Rosada.

Por eso ahora definieron avanzar en la estrategia de intimación de pago.

En la mesa en la CFI se sentaron enviados de 18 provincias: Entre Ríos, San Luis, San Juan, Tucumán, Catamarca, Chubut, La Rioja, Santiago del Estero, Salta, Santa Fe, Formosa, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Misiones, Chaco, Mendoza y Río Negro.

De ese lote, las primeras 15 provincias accionaron a fines de agosto contra los dos decretos pro consumo del Presidente que mermaron las remesas automáticas a los gobernadores.

Pero el éxito de la estocada atrajo a más distritos: se sumaron al cónclave funcionarios del radical mendocino Alfredo Cornejo, del justicialista chaqueño Domingo Peppo y del rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).

Ese segundo lote de distritos no fue hasta el momento a la Justicia y privilegió la apertura primero de negociaciones con la Casa Rosada, pero ahora esperan -a priori- recibir también un derrame (político) de recursos, a partir de la puerta abierta por el fallo de la Corte.

Los gobernadores están decididos a monetizar de inmediato la cautelar que les blinda la coparticipación y esquivar los intentos de la Casa Rosada de freezar los tiempos, en medio de la campaña electoral hacia los comicios del 27-O.

La resolución de la Corte ordenó días atrás que el Gobierno nacional debe hacerse cargo de financiar el impacto de las medidas post-PASO (y pro consumo) de Macri, que erosionan las remesas coparticipables. El mix incluye la suba del piso de Ganancias y la eliminación del IVA en alimentos de la canasta básica.

Pero la definición del monto a compensar augura una dura pulseada con la Casa Rosada que, de hecho, pidió ya a la Corte una aclaración respecto de cómo hacer frente y solicitó la convocatoria a una audiencia entre las partes “por la necesidad de conciliar con las provincias la forma en que se dará cumplimiento a la medida, preservando el interés público comprometido en los decretos 561 y 567”.

“La CFI cumplió con su rol de brindar asesoramiento, dar una interpretación de cómo ha sido cada medida y ha mostrado la evolución efectiva en materia recaudatoria, pero lo que no puede establecer es cuánto es el impacto efectivo por cada medida tomada; para eso se requiere más información, y hoy el organismo más adecuado para ello es la AFIP”, aseguró el presidente del organismo, el chaqueño Cristian Ocampo.

La apuesta de las provincias es cosechar “información pormenorizada” respecto de cómo se han comportado los tributos en cuestión, tanto el IVA como el Impuesto a las Ganancias de las personas físicas, como los anticipos y el aumento del mínimo no imponible, y el valor retroactivo que importa la corrección de ese mínimo a partir de enero y hasta julio.

“Para los Fiscales fue muy útil ver una metodología, que es la que determinó la CFI, como una de las alternativas para evaluar el impacto fiscal de las medidas”, señaló por su parte el vicepresidente del organismo, el entrerriano Hugo Ballay.

Fuente Ambito.com

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