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Aborto clandestino, una soga y una confesión: el horror del asesinato de una embarazada en Catamarca

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Elba Ibáñez, muerta a golpes y arrojada al costado de una ruta en Fiambalá.

El hombre, un turista, caminaba por el costado de la ruta 60, a la altura del pueblo de Fiambalá en el oeste de la provincia de Catamarca. Había llegado algunos días antes, comenzaba a conocer los paisajes del lugar que eligió para pasar sus vacaciones. Mientras realizaba la caminata, cerca de las 10 de la mañana, algo le llamó la atención al costado de la ruta. Era una especie de bulto que se veía a lo lejos, sobre el pasto.

Pensó que era una bolsa con residuos que alguien había tirado. Se acercó por las dudas. Cuando estaba a pocos centímetros su cara cambió al horror. Hizo algunos pasos para atrás y, temblando, tomó su celular. La transpiración de las manos no le permitía marcar el número de la Policía provincial. Tenía frente a él un cuerpo sin vida, a simple vista muy golpeado. Cuando los efectivos finalmente llegaron confirmaron que se trataba de una mujer. Algunas horas después se sabría que el cadáver que había encontrado el turista pertenecía a Elba Ibáñez, una mujer de 35 años que, de acuerdo a pericias posteriores, cursaba el segundo mes de un embarazo al morir.

Cuando la división de Policía Científica comenzó a inspeccionar el lugar encontró el bolso de la víctima: en el interior estaba su teléfono celular, algunas pertenencias y documentos. Sin embargo, había algo que a los investigadores les llamó particularmente la atención: una tableta de misoprostol, un medicamento utilizado habitualmente para realizar abortos.

¿Por qué Elba llevaba ese medicamento encima? ¿Tenía algo que ver con la muerte? ¿Quién fue la última persona que había estado con ella? ¿Cuáles fueron sus últimas conversaciones? ¿Dónde había estado la noche anterior? Todos estos interrogantes y más aparecieron en la cabeza del fiscal de la causa, Jorge Barros Risatti. Allí comenzó una investigación extenuante que lleva un mes y que llegó a su punto culmine en las últimas horas con una extraña y desesperada confesión que cambió todo.

La primera pericia que recibió en su escritorio el fiscal fue la autopsia del cuerpo. El documento hablaba de golpes en rostro y cráneo con objeto contundente mientras la víctima estaba con vida. Además, señalaba que la causa de muerte fue una asfixia, producida con algún tipo de soga. Barros Risatti pudo ver claramente las marcas en el cuello en fotos tomadas al cadáver.

Elba Ibáñez trabajaba en la municipalidad de Fiambalá con un contrato temporal y por un sueldo muy bajo, una empleada precarizada en el área de desarrollo social. «Era una persona extremadamente introvertida. Con un perfil bajísimo. Gran parte de la investigación está centrada en conocer más detalles de la vida de la mujer para entender lo que pasó. A su familia prácticamente no le contaba nada. Sólo le decía algunas cosas a una amiga y compañera de trabajo, era a la única que le confiaba las cosas que le pasaban», dice uno de los investigadores.

La autopsia determinó que una asfixia por el uso de una soga fue la causa de muerte.

Esa amiga fue una de las primeras en declarar ante la Justicia. La mujer contó ante el fiscal que su amiga Elba le había confesado que había quedado embarazada: «Me habló del bebé pero nunca de quién era el padre. También me dijo que no quería tenerlo.».

Según la reconstrucción de los hechos que hizo la justicia, Elba comenzó a buscar la manera de abortar. Pidió, discretamente y con cuidado, consejos a distintos compañeros de trabajo hasta que alguien le dio la respuesta que estaba esperando. Le recomendaron hablar con una persona que podía ayudarla. Alguien que «sabía cómo hacerlo y sin dolor», un hombre del área de obras públicas de la misma municipalidad llamado Lorenzo Quiroga de 74 años. El hombre supuestamente se dedicaba, además de su trabajo como servidor público, a realizar abortos clandestinos en su domicilio.

El viernes pasado llegó a manos del fiscal el informe de los peritajes que se hicieron sobre el celular de la víctima, un análisis que tardó más de 20 días. Allí se supo quién fue la última persona con la que tuvo contacto Elba antes de morir: Lorenzo Quiroga.

Esa información fue suficiente para que el juez Marcelo González ordenara un allanamiento en el domicilio del funcionario. Allí los efectivos se llevaron una sorpresa. Encontraron varias armas de guerra como un rifle marca Winchester y municiones marca Magtech calibre .44. Si bien no encontraron ningún elemento que pudiera incriminar a Quiroga directamente con la muerte de Elba, decidieron dejarlo detenido por portación de arma de guerra.

«Cuando lo dejaron preso le hicieron una ‘trampita judicial’. No le dijeron por qué lo detenían ni lo notificaron hasta último momento. Buscaban que pensara que estaba detenido por el crimen. Finalmente salió bien», desliza una fuente cercana al caso.

El domingo, minutos antes de ser indagado por el delito de tenencia de arma de guerra, Quiroga pidió hablar con el fiscal urgentemente. Quería contar algo y lo hizo. Frente al doctor Barros confesó su participación en la muerte de la mujer aunque aclaró que no la golpeó ni la estranguló a pesar de las marcas encontradas en el cuerpo: dijo que fue un accidente.

Quiroga explicó que conocía a Elba como compañera de trabajo, aclaró que no los unía ninguna relación sentimental más allá de un vínculo laboral. Luego relató cómo se sucedieron, según él, los hechos aquel jueves 28 de marzo.

«Habíamos quedado por teléfono en que la pasaba a buscar por la casa y la llevaba a la mía. Yo me atrasé. Se me hizo tarde. Me llamó varias veces, estaba desesperada y ansiosa. Ella empezó caminar para este lado y la levanté con la camioneta a mitad de camino y fuimos a mi casa», contó Quiroga.

Al llegar a este punto, el hombre de 74 años intentó explicar el tipo de aborto que realizaba. Según sus palabras no se trata de un procedimiento quirúrgico sino que se realiza un tratamiento que incluye una sonda, inyecciones y medicamentos. Contó que se inicia en ese momento pero que el feto es expulsado algunos días después. Eso dio alguna pauta a los investigadores de porque encontraron en la cartera de Elba el comprimido de misoprostol.

Más tarde en su relato, Quiroga indicó que «en un momento del tratamiento la chica comenzó a descomponerse. Se desmayó. No tenía pulso. Intenté reanimarla pero no pude. Se murió. No supe qué hacer. Cargué el cuerpo en la camioneta Renault Kangoo gris y como le tenía aprecio, la dejé en una zona transitada para que sea encontrada lo más rápido posible».

Así fue la confesión. Los investigadores creen que es verosímil hasta cierto punto. El tramo de la muerte choca de lleno con lo que dice la autopsia: golpes y asfixia. Ante esta evidencia, y consultado por el fiscal, el acusado no pudo responder mucho. «Cuando la estaba dejando en la ruta se me cayó y se golpeó la cabeza con el piso, por eso deben ser los golpes», dijo. No cierra. No encaja. Los médicos que realizaron la autopsia dejaron en claro que los golpes fueron en vida.

«En base a lo que pudimos reconstruir creemos que dice la verdad hasta el momento puntual de la muerte. Las evidencias y las prueban muestran que la muerte no se dio como él dice. Algo pasó durante o después del procedimiento del aborto. Eso es lo que todavía no pudimos descubrir. Tampoco tenemos en claro quién es el padre del bebé. No creemos que sea Quiroga», concluye un investigador que sigue de cerca el caso.

Algunas otras preguntas que todavía se hace la Justicia catamarqueña por estas horas: ¿Quiroga, un hombre mayor de 74 años, trabajaba sólo haciendo estos abortos clandestinos? Teniendo en cuenta su avanzada edad, ¿pudo cargar y transportar el cuerpo de Elba sin ayuda de nadie?

El funcionario tiene un hijo que ronda los 40 años. Los detectives que siguen el caso detectaron que el hombre desapareció del pueblo luego del crimen y dejó de frecuentar la casa del padre mientras este aún permanecía en libertad. Llama la atención porque dejó de mostrarse aunque por el momento no hay ninguna prueba que lo una al crimen.

Quiroga confesó su parte en el crimen: dijo que fue “un accidente”, algo que no se condice con los resultados de la autopsia.

Un cargo municipal

Cuando la noticia de la detención de Quiroga tomo trascendencia mediática, desde el entorno de la intendente Roxana Paulon salieron a desmentir que el hombre fuera funcionario o pertenezca al gabinete municipal: «Está circulando una información errónea, que menciona a Quiroga como integrante del gobierno. Esto no es correcto. El sólo tiene un contrato de locación de servicio. No era jefe y no tenía ningún cargo jerárquico», se defendió Romina Carrizo, directora de gobierno, en dialogo con La Isla FM.

Sin embargo, son muchos los empleados que declararon en la justicia con respecto a este tema y todos coinciden en que Quiroga tomaba decisiones y hasta formaba parte de las reuniones de gabinete. Inclusive en una foto se lo ve sentado a escasos centímetros de la intendente en una conferencia de prensa cuando se estaban anunciando una serie de medidas de ámbito municipal. No parece ser alguien ajeno al núcleo.

Lorenzo Quiroga, el funcionario acusado, en una de las reuniones de gabinete junto a la intendenta Roxana Paulón.

El martes 30 de abril, el juez de garantías de la zona confirmó el encierro de Quiroga y la Justicia tendrá 10 días para recabar más pruebas para que la detención se convierta en prisión preventiva. Poco después, Quiroga sufrió una descompensación y tuvo que ser trasladado a un hospital zonal. «Estamos esperando que lleguen unos resultados claves de pericias que mandamos a hacer. Tienen que ver con algunos rastros que se encontraron en la casa y muestras que se le extrajeron a al víctima. Se están analizando en otra provincia y por eso los plazos se extienden», dice una persona con accedo al expediente.

La Justicia tiene aún un misterio que central que resolver: qué fue lo que pasó aquella noche de jueves dentro de la casa del acusado. Algo sucedió en aquel procedimiento de aborto, algo que precipitó las cosas, que llevó a que Elba fuera golpeada y asfixiada hasta morir.

La familia de Elba ya realizó tres marchas pidiendo justicia por la muerte de la joven: «Estamos destruidos, queremos saber que pasó. Tenemos miedo de que si fue Quiroga salga de la cárcel por falta de pruebas. No queremos impunidad como en tantos otros casos».

Por lo pronto, el abogado de la familia, Luciano Rojas, no está de acuerdo con la calificación legal que consta en la causa: «Homicidio simple nos parece poco. Consideramos que hay muchos agravantes que deberían ser incluidos. El hecho de que la haya llevado sola a un lugar donde no podía pedir ayuda a terceros es alevosía, por lo que vamos por la cadena perpetua», dice Rojas.

Fuente Infobae

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