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Ofreció $1 millón para no ir a juicio por haber atropellado a una joven en Yerba Buena

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La defensa de Serafín Ríos, acusado de atropellar y lesionar con un auto a una joven en Yerba Buena en 2017, solicitó ayer una “probation” para evitar el juicio oral y, en consecuencia, una sentencia. En su pedido, la abogada María Fernanda Battig argumentó que la imputación (lesiones culposas agravadas) está sujeta a una pena de entre dos y cuatro años de cárcel, lo que podría llevar al cumplimiento condicional. Eso significaría que cumpliría una condena sin ir a la cárcel. Además, una reparación económica para la víctima de $ 1 millón por los daños.

No obstante, Carlos Sale, representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), desestimó la posibilidad de una suspensión del proceso oral, tras escuchar la propuesta de la defensa en esta audiencia preliminar, realizada en la Sala I, que tiene a cargo la causa penal.

El funcionario judicial propuso, en cambio, un juicio abreviado como alternativa de solución del conflicto, con el fin de que se determine la responsabilidad del hecho al acusado, que en el momento del accidente tenía 16 años. “Acentuamos un hecho gravísimo: obstaculizar el accionar de la Justicia desde un primer momento”, fundamentó.

Atropello y fuga

El 4 de junio de 2017, Paula Argañaraz, en ese momento de 20 años, fue atropellada por un auto Honda Fit cuando cruzaba la avenida Aconquija al 1.200. La estudiante había participado en un cumpleaños y se dirigía al encuentro de su novio. El vehículo impactó contra su cuerpo y siguió su recorrido. La joven fue asistida por su novio.

El caso tomó notoriedad con las publicaciones que Laura Argañaraz, hermana de la víctima, realizó en la red social Facebook. Tres días después del incidente vial, María Berta Poliche, una odontóloga de Yerba Buena, se presentó ante el fiscal Diego López Ávila y asumió la responsabilidad del hecho. No obstante, el funcionario judicial ya había reunido datos que ubicaban al hijo de la profesional como el conductor del rodado esa noche.

A los pocos días, el hijo de la mujer se presentó ante la Justicia y confesó que había atropellado a la estudiante. Con él habían llegado los patrocinadores Battig y Arnaldo Ahumada.

“Puso a disposición un teléfono marca Iphone y se logró constatar, a través de medidas forenses realizadas sobre el cuerpo del imputado, algunas heridas compatibles con un estallido de vidrio. Es decir, con la explosión de un parabrisas. Entre otras cosas, (la instrucción contiene) testimonios de vecinos del country Jockey sobre la conducta, el manejo que tenía el acusado, lo que me lleva a considerar que la manera de conducir era bastante peligrosa”, remarcó Sale.

El fiscal de Cámara hizo hincapié en que en el ofrecimiento de la suspensión de juicio a prueba, la defensa técnica “nunca, en ningún momento, había puesto como parámetro que el imputado haga algún tipo de curso de seguridad vial”.

Por su parte, Battig expuso la suspensión del proceso bajo “probation”, bajo las siguientes reglas de conducta:

●Fijar residencia, por el plazo que disponga el tribunal, en la casa de “su progenitora”.

●Estar “sometido” al Patronato del Liberado.

●Abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas.

●Terminar de “rendir las materias pendientes del último año del nivel secundario”.

●Abstenerse de conducir cualquier vehículo con motor por el término de 12 meses.

●Realizar trabajo comunitario en el comedor infantil de la parroquia San Juan de la Cruz, en el barrio “La Bombilla”. Lo haría los lunes, miércoles y viernes, dos horas por día (seis horas semanales) y durante ocho meses, o el tiempo que la Justicia fijara.

●Los padres ofrecieron una “reparación económica” de $ 1 millón. Se abonaría en cuotas: depositarán en una primera parte $ 500.000 a fines de octubre; 16 cuotas mensuales y consecutivas por el monto de $ 30.000 cada una; y una última cuota de $ 20.000 “Serafín no tiene medios económicos, dado que no trabaja, estudia y no tiene bienes a su nombre”, indicó al letrada.

Battig remarcó que Ríos “no contaba con antecedentes penales ni policiales” y que “en el momento del hecho, era menor de edad”. “El delito es de naturaleza culposa. Si bien no lo hizo inmediatamente, posterior al hecho ha colaborado con la investigación fiscal. Puso a disposición la clave del celular para hacer las pericias sobre el equipo”, agregó.

La letrada, por último, subrayó: “pese a que la pena máxima del delito es de cuatro años, la mayoría de las doctrinas modernas considera que -en caso de que así se resolviera-, es una condena ‘chica’; por lo tanto, sería un inconveniente aplicar la privativa de la libertad debido a que provocará la interrupción de los estudios del imputado”.

Luego de la audiencia preliminar de ayer, la Sala I decidirá ahora hacer lugar o no al requerimiento de suspensión del juicio a prueba, además del pedido de un juicio abreviado, tras las presentaciones por escrito de la defensa y del Ministerio Público Fiscal.

El procedimiento incluirá también la participación de un juez de Menores, en caso de un fallo adverso al imputado del Tribunal, con referencia al cumplimiento o no de la pena.

“Obstruyó la investigación”

Rechazaron la reparación económica.

Juan Pablo Stein, representante de la familia Argañaraz, remarcó en la audiencia preliminar de ayer que el imputado “había obstruido la investigación” del accidente. “El acusado abandonó el lugar y no se hizo revisar; no se pudo hacer el dosaje alcohólico”, dijo. El querellante expuso además antecedentes del imputado por robo, entre otros y criticó la oferta de reparación de $ 1 millón, ofrecida por la defensa. “El nivel de vida está por encima de la media. Tiene acceso a bienes materiales que están por encima de la media”, insistió. En el entorno familia de Paula Argañaraz informaron que las operaciones (incluyendo obra social) tuvieron un valor total de más de $ 1,5 millón.

Fuente La Gaceta

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