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Pedirán el desafuero de José Orellana en Diputados

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La Cámara de Diputados avanzará este martes con el tratamiento de la Ley Micaela, contra la violencia machista que se incluyó en la agenda de sesiones extraordinarias a último momento. La iniciativa establece la capacitación obligatoria en las temáticas de género y violencia contra las mujeres para los funcionarios de los tres poderes del Estado. En este contexto una diputada exigirá el desafuero del senador por la Pampa Juan Carlos Marino (Cambiemos) y al diputado José Orellana (Justicia por Tucumán).

La diputada Victoria Donda (Somos) es quien anticipó que exigirá el desafuero ambos legisladores, durante el debate pautado para las 12.30. Sin embargo, según la información que brida La Nación, el pedido no tendrá efectos concretos, por realizarse en período de sesiones extraordinarias, pero obligará al resto de las bancadas a fijar una posición política.

Orellana es investigado a partir de una denuncia sexual que le hizo en 2016 la asesora de la diputada socialista Gabriela Toriano, cuyo despacho era vecino del de Orellana. Según la denuncia, el incidente ocurrió el viernes 11 de noviembre de 2016 en el despacho que José Orellana ocupaba en el edificio del Parlamento. «Me encantás desde que te vi» le dijo a la víctima, quien intentó desviar el tema de conversación pero, al parecer, Orellana insistió. Entonces, según la denuncia, Orellana la abrazó y comenzó a darle besos en el interior de su oreja izquierda, mientras le decía: «Seguramente nadie te besó así, ¿no?». «Luz» declaró que en ese momento se soltó, le respondió: «No, claramente no», y salió del despacho. “No podía creer lo que estaba pasando”, sostuvo en la declaración, según la información publicada por los medios porteños al conocerse la denuncia.

Sobre el proyecto:

La Ley Micaela que logró dictámenes de las comisiones de Presupuesto y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, recibirá apoyo unánime de oficialistas y opositores.

Según el texto, la autoridad de aplicación para la capacitación de las máximas autoridades de los poderes Ejecutivos, Legislativo y Judicial del a Nación estará a cargo del Instituto Nacional de la Mujeres. Además, establece que los funcionarios públicos «que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones» serán intimados por la autoridad de aplicación y que «el incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente, siendo posible hacer pública la negativa a participar de la capacitación.

Fuente El Tucumano

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