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Recuerdan a jueces que deben trabajar cinco horas diarias

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La nueva integración de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán luce decidida a hacer del “presentismo” una marca registrada. Un instrumento firmado por el presidente Daniel Posse y los dos vocales que se sumaron este año al cuerpo, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos, exterioriza aquella inquietud. Los tres integrantes del alto tribunal recordaron “nuevamente” a los jueces de todas las instancias la vigencia plena de la reglamentación de 1991 que establece que como mínimo deben acudir a sus despachos cinco horas diarias entre las 8 y las 13. La Acordada 1.132/19 del 23 de septiembre consigna que los vocales Antonio Estofán y Claudia Sbdar no suscribieron la decisión por estar de licencia.

El recordatorio invoca “razones de oportunidad, mérito y conveniencia”. Según pudo averiguar este diario, la Acordada 1.132 fue notificada la semana pasada en las unidades de todos los fueros y centros del Poder Judicial. Si bien la fundamentación es escueta, en el ámbito de la Corte explicaron que con frecuencia reciben comentarios y versiones verbales sobre incumplimientos e inasistencias por parte de los titulares de las oficinas jurisdiccionales, y que decidieron enviar un mensaje general para corregir los comportamientos relajados e instar a los funcionarios encargados de dar fe (los secretarios) a denunciar las faltas. “El que avisa no traiciona”, resumió una fuente interna consultada por este diario.

La percepción es que algunos magistrados manejan discrecionalmente sus horarios de oficina, y entran más tarde de las 8 o se retiran antes sin dar aviso a sus funcionarios ni a la Secretaría de Superintendencia por medio del Portal del Personal. La Corte estableció en agosto que esta herramienta digital es de “uso obligatorio” para los jueces, funcionarios y empleados a los fines de informar las inasistencias (con aviso, y por razones de salud, fallecimiento de familiar, retiro, etcétera) y demás contingencias del servicio.

A menudo el abandono del despacho en la franja de 8 a 13 obedece a actos institucionales o a reuniones con autoridades del Estado desarrolladas fuera de los Tribunales. Por el lado de los jueces aseguran que trabajan mucho más que cinco horas cotidianas, y que, sobre todo en la primera instancia, el volumen cuantioso de procesos y la mora endémica los obliga a hacer horario corrido o a estar a disposición de los juzgados sin restricciones. También dicen que no es idéntica la situación de los que “dan la cara” en audiencias públicas y de los que tramitan papeles a puertas cerradas.

Por diversas razones, la observancia de las cinco horas mínimas suele ser un motivo de tensión entre los jueces y los secretarios, quienes están obligados a notificar a la Superintendencia cuando sus jefes llegan tarde, se van temprano, faltan o salen en el medio de la jornada. A partir de una notificación de este tipo la Corte expuso en junio que el juez Roberto Guyot había abandonado su despacho sin aviso.

Sobre los secretarios también recae la responsabilidad de vigilar la permanencia de sus pares y empleados, quienes marcan la asistencia mediante la impresión de la huella dactilar en un lector electrónico. Sólo los magistrados y los colaboradores más cercanos de los vocales de la Corte están exentos de “poner el dedo”. Esa “diferencia” fue eliminada en agosto en el Ministerio Público de la Defensa cuando su titular, Washington Navarro Dávila, decidió extender el sistema de la huella a los defensores oficiales.

El margen para hacer la “vista gorda” con los horarios estaría achicándose desde que la Corte empezó a poner el acento en el asunto, en particular a partir de la llegada de Leiva en febrero, que de entrada anunció que iba a estar en su vocalía a la hora de inicio de la atención al público, las 7 de la mañana, y a quedarse hasta la tarde. Algunos jueces comentaron que habían comenzado a dejar sentado por escrito cada vez que salían de Tribunales por cualquier tipo de gestión a los efectos de “cubrirse” y para evitar, en el caso de accidentes, los planteos de la aseguradora de riesgos de trabajo.

Un magistrado fue expuesto en junio

Los vocales Posse, Estofán y Leiva habían hecho una recomendación inusual a Guyot

Una primera señal de la intención de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán de endurecer el control sobre el horario de trabajo acaeció en junio, cuando  expuso a Roberto Guyot, titular del Juzgado de Ejecución Penal de la capital, por abandonar su despacho sin autorización. En un acto de autoridad inusual para los cánones de la historia reciente del Poder Judicial, los vocales Daniel Posse (presidente), Antonio Daniel Estofán y Daniel Leiva encargaron a Guyot que ajustara estrictamente su proceder al régimen de asistencias, licencias y franquicias en vigor.

Los jueces supremos emitieron ese “consejo” tras constatar que el titular del Juzgado de Ejecución se había retirado a las 9 de la mañana el 24 de mayo. La novedad llegó al alto tribunal a las 13.15 de ese día por medio de la secretaria María Nazaret Rodríguez Ponce de León. El 30 de mayo, Guyot manifestó, siempre según la Acordada 688/19, que había dejado su lugar de trabajo por razones de salud y adjuntó un certificado médico. En la presentación, el juez advirtió que, pese a que no estaba físicamente en su despacho, había mantenido el “contacto permanente” con su equipo por la vía telefónica. La Corte rechazó las justificaciones de Guyot, que afronta cuestionamientos serios, en especial luego de que Sebastián Medina, un preso que había denunciado a sus guardias por la venta de droga, fuera asesinado en la cárcel de Villa Urquiza. En esa oportunidad, los vocales ya habían recordado que los jueces debían acudir a sus puestos al menos de 8 a 13, según las reglas aprobadas en 1991.

Fuente La Gaceta

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