Según el relato de las víctimas, el implicado junto a una cómplice, durante el año pasado les había pedido fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), número de Código Único de Identificación Laboral (CUIL) y la suma de $2500 por cada persona con el engaño de tramitarles una pensión no contributiva por discapacidad que, supuestamente le tendría que haber salido en el mes de Abril.
En tanto, su cómplice, era la encargada de recibir el dinero y la documentación de los futuros beneficiarios, cifra de estafados que rondaría en 1.500 personas de diferentes partes del sur de la provincia, y hasta de la provincia de Mendoza.
Finalizando la exposición por parte de los damnificados y tomando declaración a cada uno de ellos, se informó de la situación a la Unidad Fiscal de Delitos Graves, ordenando que se inicié una investigación para poder dilucidar la estafa e individualizar a los acusados.
