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Concepción: Lo condenaron por comprar una moto robada

El sujeto de 24 años fue hallado culpable del delito de encubrimiento por receptación. Fue sentenciado a un año de prisión condicional y deberá pagar $30.000 en concepto de reparación

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Este miércoles, se realizó una audiencia convocada por la Unidad de Delitos Flagrantes, a cargo de Héctor Fabián Assad, con el objeto de formular cargos y, en el mismo acto, formalizar un acuerdo de juicio abreviado en el que resultó condenado un joven de 24 años, por tener en su poder una motocicleta robada.

La causa se originó el lunes último, cuando el cuñado del condenado había sido aprehendido en un control vehicular. Los uniformados, al notar que el rodado no poseía chapa patente, ni llave original, le solicitaron la documentación, a lo que el hombre manifestó no poseer esta ya que el rodado no era suyo.

El personal policial solicitó informe de dominio, constatando que dicho vehículo tenía pedido de secuestro. Posteriormente, el ilegítimo propietario se presentó en sede del Ministerio Fiscal, acompañado de su abogado defensor, reconociendo que cinco años atrás había comprado la moto a sabiendas del posible origen ilícito.

Condena

A 48 horas de iniciada la investigación, el caso quedó concluido, a través del convenio firmado por las partes.

El auxiliar de fiscal, Gerónimo Cano, relató el hecho atribuido que fue reconocido por el imputado.

Según la acusación efectuada por el MPF, en 2017 adquirió la motocicleta con la sospecha de que la misma provenía de un hecho Ilícito. » De la propia declaración del acusado surge que la compró en una cancha y no recuerda a quien, y que le cobraron $1.500, es decir a un precio vil», expresó el investigador».

También le reprochó que «no solicitó documentación del rodado en la compra, que no se efectuó contrato alguno, ni tampoco solicitó el correspondiente informe de dominio siendo que se encontraba sin chapa patente», finalizó y le adjudicó el delito de encubrimiento por receptación en perjuicio de la administración pública.

Luego señaló que la pena pactada es de un año de prisión de ejecución condicional más reglas de conducta. Además, se acordó que deberá abonar la suma de $ 30.000 en concepto de reparación económica integral. Dicho dinero será destinado a algunos de los proyectos sociales que lleva adelante la oficina de Políticas Reparatorias del Ministerio Publico Fiscal.

El juez interviniente declaró admisible el juicio abreviado y dejó firme la sentencia.

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